Según informa Judiciales Córdoba en su sitio web, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, procesó antes del inicio de la Feria de enero, a 14 gendarmes implicados en el presunto cobro de coimas a camioneros y dictó la falta de mérito de otros 10, pero el fiscal Rodolfo Cabanillas la apeló ante la Cámara Federal de Córdoba.

El magistrado procesó con prisión preventiva a Walter Darío Ramírez, Marcos Isaac Juárez como presuntos jefes u organizadores de asociación ilícita, concusión, abuso de autoridad y coacción. También procesó por los mismos delitos a Roque Omar Choque (38); Cristian Fredy Calisaya (32); José Antonio Villarreal (35); Jorge Marcelo Fredes Sánchez (34); Carlos Manuel Ferreyra (34); Franco Emanuel Gaspar (30) y Kevin Raúl Domínguez (29).

Además, procesó (sin preventiva) a Leonel Alejandro Castro (31); Analía Gabriela Galián (43); Luis Alberto Suárez (38); Facundo Ramón Coronel (45) y José Ignacio Medina (33) como supuestos partícipes necesarios de los mismos delitos.

Por otro lado, dictó la falta de mérito a Débora Pamela Laguna (39); Paula Andrea Correa (32); Franco Marcelo Camino (35); Brígido Rafael Ariyú (46); Pablo Verdún (41); Alberto Julián Ferreyra (33); Diego Gabriel Da Silva (40); Rocío Jezabel Balmaceda (37); Joaquín Andrés Figueroa (36) y Diego Bernabé Tárraga Figueroa (31).

El origen de la investigación contra los gendarmes

La causa surgió a raíz de las denuncias de tres camioneros contra efectivos de la Sección de Seguridad Vial Sampacho de Gendarmería Nacional. Según la acusación, se habrían dedicado a exigir y percibir sumas de dinero a transportistas en las rutas (por miles de pesos) como condición para no labrar actas de infracción o secuestrar vehículos.

Estas maniobras no habrían sido aisladas sino que habrían contado con una logística financiera que incluía una cuenta bancaria centralizada para la recaudación y posterior distribución de los fondos entre los agentes que se encontraban operativos en cada jornada.

Para gestionar el flujo de fondos ilícitos, la organización habría utilizado la cuenta a nombre del gendarme Castro, quien habría oficiado como enlace para coordinar los pagos indebidos entre los camioneros y los agentes de control.

Una vez que el dinero ingresaba al sistema, se habría inciado un proceso "triangulación" para intentar ocultar el origen de los fondos. Por ejemplo, se registraron transferencias desde la cuenta de Castro hacia otros efectivos. Uno de ellos, a su vez, habría derivado los fondos a otros integrantes del operativo del día o sus familiares.

El rol de la jefatura y la cobertura institucional

El fiscal sostuvo que la estructura no podría haber funcionado sin la supuesta cobertura institucional de Galián, en su carácter de jefa de la sección. Se le atribuye haber brindado la logística necesaria para garantizar la impunidad de las maniobras y haber intervenido activamente en la administración de los fondos mediante movimientos bancarios que alcanzan a su cónyuge, Suárez, y a su entorno familiar en Salta.

Respecto a los valores económicos, se estima que la red habría recaudado cifras millonarias durante su periodo de actividad (entre mediados de 2024 y septiembre de 2025).

La resolución del juez

El juez Ochoa procesó a 14 gendarmes pero dictó la falta de mérito para otros 10, basándose en la necesidad de profundizar la investigación y producir medidas de prueba pendientes.

“Se sostiene la existencia de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero de manera sistemática en los controles de ruta en los que participaron o intervinieron un grupo reducido de Gendarmes. De manera específica, los mismos habrían actuado de manera planificada, coordinada, habitual y sostenida en el tiempo, con un claro designio recaudatorio en beneficio personal y del grupo del que formaban parte”, dijo.

“Las actividades al margen de la ley habrían consistido en detener principalmente camiones que circulaban por la ruta 8 (…) y exigir por supuestas infracciones inexistentes o que si existían, el cobro de importantes sumas de dinero, en efectivo, a cambio de permitir la continuidad de su viaje”, agregó.

“Resulta llamativo el hecho que para los casos de no contar el transportista en ese momento con la cantidad de dinero exigida, se ofrecía la posibilidad de pagar mediante transferencia, exhibiendo el comprobante de que se había realizado la misma”, indicó.

Ochoa consideró que, por el momento, no se alcanza el estándar de probabilidad necesario para procesar a la totalidad de los sospechosos, dejando la situación de estos diez efectivos en un estado de "duda" provisorio mientras continúa el proceso.

Sin embargo, el fiscal Cabanillas impugnó la resolución por considerarla “arbitraria y carente de fundamentación suficiente.

Al respecto, cuestionó centralmente que se haya reencuadrado a Galián como una simple partícipe necesaria cuando, por su rol como jefa del escuadrón, debería ser procesada como jefa y organizadora de la asociación ilícita.

Asimismo, criticó las faltas de méritos, ya que existen pruebas suficientes, como transferencias bancarias y presencia funcional en los operativos, para procesarlos a todos por igual.

También indicó que el juez procesó a los otros 14 gendarmes pero descartó "idénticos elementos probatorios" para los otros 10 “sin brindar explicación alguna que justifique tal diferencia de criterio”.

Finalmente, exigió que tanto Galián como Castro sean procesados con prisión preventiva debido al riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación (por la capacidad de influencia de Galián sobre sus subordinados y el rol de Castro como supuesto administrador financiero de la organización).

Causa: “Castro Leonel Alejandro y otros s/cohecho (FCB 9636/2025)"

Tribunal: Juzgado Federal de Río Cuarto

Web: Judiciales Córdoba